La Diputación de Granada va a introducir criterios de carácter social a la hora de evaluar las empresas que participen en concurso abierto para la adjudicación de las obras de la institución provincial. Hasta la fecha, la licitación se ha diseñado atendiendo exclusivamente al precio que pudieran ofertar las empresas concursantes (antigua subasta) mientras que a partir de ahora se tendrán en cuenta medidas por parte de dichas empresas como la contratación de parados de larga duración, discapacitados o personas integradas en algún colectivo denominado de exclusión social.
Según ha explicado la diputada delegada de Contratación y Patrimonio, Rosa Fuentes, hoy en rueda de prensa, el equipo de Gobierno trata con esta novedad de "agilizar al máximo los procesos de contratación dentro de la más estricta legalidad y garantizando transparencia e igualdad para todas las empresas" además de "paliar los efectos de la crisis que estamos atravesando" en colaboración con empresas de la provincia que hasta la fecha tenían muy difícil convertirse en licitadoras de la Diputación.
Para lograr el mejor precio, las empresas a veces proponían bajas de hasta el 40 por ciento que eran "temerarias y mucho más que temerarias", como ha señalado Fuentes quien ha explicado además que estas "bajas exageradas" terminaban afectando a la calidad final de la obra. "Se obligaba a las empresas a entrar en una dinámica de competitividad que por supuesto hacía bastante difícil convertirse en licitador de la Diputación de Granada", ha añadido la diputada delegada de Contratación y Patrimonio.
El equipo de Gobierno trata ahora de potenciar las licitaciones utilizando varios criterios de adjudicación, lo que tradicionalmente se ha conocido como concurso. "En tiempos de dificultad económica en los que sabemos que las empresas están preocupadas en poder tirar hacia delante, intentamos introducir un poco de cordura en los procesos de contratación", ha señalado Rosa Fuentes.
Así, con el objetivo final de mejorar la ejecución del contrato y la calidad final de los trabajos, sobre todo en grandes obras, los nuevos pliegos de licitación que se están redactando incorporan estas medidas de carácter social que harán que se valore más a aquellas empresas que se comprometan a contar con parados de larga duración en sus plantillas.
En caso de empate en criterios, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato aquellas empresas que acrediten tener en sus plantillas a personas con discapacidad o incluidas en algún colectivo de exclusión social. También tendrá importancia en la valoración de los pliegos la ampliación de la garantía de las obras públicas. La ley indica que esta garantía ha de ser de un año y la Diputación priorizará a aquellas que voluntariamente lo amplíen con el objetivo de mejorar la calidad de las infraestructuras.
"Estamos contribuyendo a dignificar el tejido empresarial de la provincia, y además pensando en los pueblos y ayuntamientos que confían en Diputación para llevar a cabo sus contrataciones", ha concluido Rosa Fuentes para quien "de esta manera estamos garantizando que las obras se realicen con unas calidades más adecuadas velando por los intereses de la provincia, de nuestros pueblos y municipios".
